En México, tener derecho a la información pública gubernamental puede costar muy caro, aun cuando inhiba las solicitudes que presentan los ciudadanos y se desista de querer obtener la documentación.
Los poderes de la Unión, dependencias del gobierno federal y municipios, así como partidos políticos figuran entre las instancias que fijan sumas muy altas para dar acceso a los documentos.
En el caso de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los cobros llegan hasta los 900 mil pesos, dependiendo del tipo de solicitud de información.
De acuerdo con un ejercicio realizado por El Universal en varios casos que son controvertidos, las dependencias han requerido pagos excesivos, como el IMSS, que pidió 162 mil 976 pesos por la copia de las supervisiones realizadas por sus autoridades a las guarderías, de diciembre de 2006 a 2009.
Si se hubiera solicitado que el documento fuera certificado, el pago habría sido de 4 millones 563 mil 328 pesos.
El Instituto Federal Electoral y la Asamblea Legislativa dicen que el argumento de aplicar tarifas tan altas es que están basados en la Ley de Derechos.
Pero ello contradice una resolución de la Corte de 2006, que declaró inválidos los altos costos de las copias, porque éstos inhiben el acceso a la información.
El IFAI ha señalado que los cobros exorbitantes son usados como “estrategia” para inhibir la obtención de datos, pero el solicitante puede ampararse.
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